Jerusalén, Israel a 17 de mayo de 2026.
El Parlamento de Israel aprobó una ley que establece la pena de muerte como castigo para palestinos condenados por ataques mortales considerados actos de terrorismo, medida que ha provocado críticas internacionales y advertencias sobre posibles violaciones a principios democráticos y de derechos humanos.
La legislación fue aprobada este lunes por la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra, durante su tercera y última lectura. Entre quienes respaldaron la iniciativa se encuentra el primer ministro Benjamin Netanyahu.
De acuerdo con el proyecto avalado, los palestinos condenados por tribunales militares israelíes por ataques que causen la muerte y sean clasificados como terrorismo podrían ser ejecutados en la horca en un plazo de hasta 90 días, con posibilidad de aplazarse otros 180 días.
La medida entró en vigor luego de que un comandante militar israelí firmara la orden correspondiente para su aplicación en territorios ocupados de Cisjordania, según reportes de medios israelíes.
El inicio de un genocidio
Aunque la ley contempla, en teoría, la posibilidad de aplicar la pena capital también a ciudadanos israelíes judíos, críticos sostienen que en la práctica estará dirigida casi exclusivamente contra palestinos, debido a que uno de los criterios para imponer la condena es que el ataque tenga como objetivo “negar la existencia del Estado de Israel”, al tiempo en que establece un componente estrictamente étnico para la aplicación de esta ley.
La iniciativa fue impulsada principalmente por partidos de extrema derecha, encabezados por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien celebró la aprobación de la ley en redes sociales al afirmar: “Hemos hecho historia. Lo prometimos y lo cumplimos”.
Durante el debate parlamentario, la legisladora Limor Son-Har-Melech, integrante del partido de Ben-Gvir, defendió la medida argumentando que personas condenadas por ataques contra israelíes han recuperado su libertad mediante acuerdos y posteriormente han participado en nuevos hechos violentos.
Organismos internacionales y varios gobiernos europeos advirtieron que la nueva legislación podría socavar principios democráticos y aumentar la polarización en el conflicto palestino-israelí, uno de los más prolongados y complejos de Medio Oriente.
